Análisis
Dos investigaciones periodísticas señalan presuntos vínculos del gobierno colombiano de Gustavo Petro con actividades ilícitas y negocios energéticos. La primera, publicada por La Patilla, detalla supuestos contactos entre altos funcionarios, incluyendo al exdirector de la DNI, Jorge Lemus, y el contrabandista Diego Marín ('Papá Pitufo'), con el objetivo de facilitar su regreso al país y ofrecerle beneficios judiciales. La segunda investigación, de Armando.info en alianza con La Silla Vacía y difundida por La Patilla, expone supuestos nexos entre empresarios cercanos a Petro y negocios petroleros en Venezuela, incluyendo la fundación de una empresa y reuniones con autoridades del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Petro ha negado las acusaciones, afirmando que los acuerdos gubernamentales solo involucran empresas estatales y están sujetos a restricciones internacionales.
Hechos verificados
- 1Candidatos presidenciales colombianos pidieron investigar supuestos contactos entre altos funcionarios del Gobierno de Petro y el contrabandista Diego Marín ('Papá Pitufo').
- 2Grabaciones de reuniones a principios de 2025 entre el entonces director de la DNI, Jorge Lemus, y personas del entorno de 'Papá Pitufo' sugieren conversaciones para favorecer al contrabandista.
- 3Se alega que Lemus mencionó posibles garantías de seguridad y beneficios judiciales para Marín, aunque reconoció que el Gobierno no tiene facultades para ofrecerlos.
- 4Una investigación periodística señala supuestos nexos entre empresarios cercanos a Petro y negocios petroleros en Venezuela, incluyendo la empresa Colven Business & Corp.
- 5Danilo Romero Gómez, compadre del presidente Petro, promovió la empresa Colven Business & Corp, que accedió a Contratos de Participación Productiva (CPP) en Venezuela.
- 6Manuel Grau Pujadas, allegado a la primera dama, Verónica Alcocer, habría participado en encuentros energéticos con responsables de Pdvsa.
- 7El presidente Gustavo Petro negó cualquier participación de su círculo en actividades empresariales privadas en Venezuela, afirmando que los acuerdos solo involucran empresas estatales.